Las indicaciones incluidas por la Comisión, señalan que los consumidores deberán pagar 0,5 UF, (14 mil pesos aproximadamente), como un deducible al ser víctimas de fraude y se aumentan los plazos para que los bancos respondan por el dinero robado, pasando de tres a siete días. Además, la determinación sobre si un cliente sufrió de un fraude o no, pasa por el juicio de la institución financiera, sin necesidad de la sentencia de un tribunal. El banco puede quitarle el dinero al consumidor si señala que no existió robo.

El espíritu inicial del texto, ideado por el Senador Manuel José Ossandón, buscaba acabar con los seguros de fraude de los bancos, que protegen al consumidor ante un robo de tarjeta o cualquier tipo de transacción no realizada por el titular, obligando a los bancos a devolver a los clientes el dinero defraudado, sin importar si contraron o no la póliza. Ossandón en conversación con Ahora Noticias Tarde, acusó al Ministerio de Economía de "proteger los intereses de los bancos". "El proyecto que teníamos nosotros protegía verdaderamente a la gente, este proyecto lo que hace es recoger todas las indicaciones que le pidieron los bancos al Ministerio", señaló.

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