En Alemania, la policía y la fiscalía lanzaron su primera ofensiva nacional contra el grupo Última Generación con redadas el 24 de mayo. Los activistas climáticos están acusados de "formación o apoyo a una organización criminal" en Múnich, lo que dio lugar a registros domiciliarios y al cierre de su sitio web.

Cuatro días antes, los activistas de Última Generación habían protagonizado en Italia una protesta que llamó la atención, vertiendo un líquido negro, carbón vegetal diluido con agua, en la Fontana de Trevi de Roma. Su pancarta exigía "el fin inmediato de las subvenciones públicas a todos los combustibles fósiles". Los activistas fueron detenidos y ahora se enfrentan a penas draconianas: Entre 10.000 y 60.000 euros (10.700 y 64.000 dólares) en concepto de daños y perjuicios y sanciones penales por vandalismo contra bienes culturales. Las autoridades italianas están adoptando un enfoque riguroso para combatir estas acciones. En la ciudad septentrional de Padua se está investigando a la Última Generación como sospechosa de formar una organización criminal, con la ayuda de la unidad de las fuerzas del orden que normalmente se especializa en combatir el terrorismo.

Aunque los democristianos conservadores están a favor de que el grupo sea vigilado por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la agencia de inteligencia interna del país, los politólogos han criticado las recientes redadas por desproporcionadas. Afirman que este enfoque podría radicalizar aún más a los activistas.

Las Naciones Unidas han pedido que se proteja la voz moral de los jóvenes. "La elección de emplear medidas severas es exactamente eso: Una elección consciente. Los gobiernos responden a este tipo de activismo no generalmente porque se vean obligados o 'desamparados'". "Si tenemos en cuenta las respuestas a otras formas de activismo que podrían calificarse igualmente de perturbadoras en los últimos años, por ejemplo contra las vacunaciones y el uso de mascarillas, está claro que se elige cómo responder."

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